FACUA considera que esta dejación de funciones supone una desprotección de los consumidores y aumenta el riesgo de abusos e intoxicaciones alimentarias. FACUA se dirigió el pasado 7 de abril al alcalde de la ciudad, Alfredo Sánchez Monteseirín, y a la delegada de Salud y Consumo, Teresa Florido, para trasladarles su preocupación por esta falta de control que se repite cada año y reclamarles que asuman sus competencias y pongan en marcha las inspecciones sobre las casetas privadas.
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