La revisión de los valores catastrales primero castigó los bolsillos de los vecinos. Los recibos del IBI (Impuesto Bienes Inmuebles) y otros impuestos se dispararon. Y ahora que la anulación de la ponencia es firme, el "catastrazo" le pasa factura al ayuntamiento, que, según los primeros cálculos, deberá devolver a los vecinos entre 3 y 4 millones de euros cobrados indebidamente de IBI durante los últimos tres años.
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