El Ayuntamiento de Castro Urdiales ha sido condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) a indemnizar con 62.000 euros a una funcionaria, hoy en excedencia, que, desde 2006 hasta 2008, sufrió acoso laboral, por el que le fue diagnosticado un trastorno adaptativo. La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSCJ afirma, que la conducta "sistemática y consciente de hostigamiento" hacia esta trabajadora dio lugar a que solicitara una incapacidad laboral y finalmente a la excedencia en su puesto de trabajo.
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