La vinculación del alcalde, Juan Carlos Aparicio (ex ministro del PP), es doble, al ser el encargado de ejecutar el cierre de la gasolinera y, por otro lado, ser presidente de la sociedad propietaria de este establecimiento. El Ayuntamiento de Burgos ha sido condenado a pagar casi cinco millones de euros por mantener abierta una gasolinera que una sentencia del Supremo hace doce años obligaba a cerrar. La gasolinera está gestionada por una empresa en la que el alcalde, tiene intereses directos.
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