La "ambiciosa" reforma de la Ley del Comercio prometida por el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, para adaptarse a la Directiva de Servicios Europea y liberalizar la implantación de establecimientos y negocios en España ha quedado en nada, ha dado marcha atrás en sus pretensiones y, finalmente, después de casi media docena de borradores y más de un año de trabajo, ha dejado que se impongan los criterios proteccionistas perseguidos por Cataluña y Baleares.
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