La coruñesa Aurelia Rey, lejos de ser víctima de una terrible injusticia, tal vez sin quererlo, es la beneficiaria de un cúmulo de despropósitos cometidos por distintos sectores sociales y políticos y por las instituciones y sus servidores en un flagrante desafío tanto al estado de derecho como al sentido común más elemental. Su caso, de exagerada repercusión mediática, se ha colado indebidamente en medio del gran drama de los desahucios inmobiliarios a partir de una peligrosa combinación de demagogia y desinformación.
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