Un contrato de 900 millones de dólares atribuidos al ejército estadounidense para construir palacios de justicia, cárceles e instalaciones para la policía en Irak dio lugar a un despilfarro de millones de dólares, según indica una auditoría publicada sobre el Pentágono. El el sub-contratista Parsons Delaware había efectuado sólo un tercio de los 53 proyectos de construcción previstos originalmente. La investigación fue llevada a cabo por Stuart Bowen, Inspector general especial para Irak, nombrado por el Congreso
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