El informe en el que se basa la denuncia de EU constata cónclaves entre la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo; su antecesor, Luis Díaz Alperi, y el empresario Enrique Ortiz para abordar la llegada de Ikea a suelo del dueño del Hércules y cómo debía actuar la multinacional para presentar alegaciones al plan. Se registraron llamadas en las que se pide acelerar el plan, que comporta la reclasificación de «cuatro millones de metros cuadrados de suelo no urbanizable», con un incremento residencial «de 13.500 nuevas viviendas».
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