El acoso organizado a cargos electos es un delito grave que puede acarrear penas de prisión de hasta cinco años de cárcel. Así lo considera el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en un auto sobre el asedio que el 15 de junio de 2011 sufrieron la mayoría de los diputados autonómicos catalanes por parte de miembros vinculados con el movimiento del 15 M, un episodio revivido.
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