Denuncia que el Gobierno Vasco se niega a que investiguen las responsabilidades penales del genocidio franquista, presentándose como acusación particular e instando a la Fiscalía para abra diligencias sobre lo acontecido a estos ciudadanos fusilados y desaparecidos.El próximo 23 de diciembre, entrará en vigor la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, ratificada por el España y que, por tanto, el Gobierno Vasco "está obligado a cumplir".
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