El anteproyecto de la reforma del Código Penal contempla tipificar como delito la ayuda a inmigrantes en situación irregular. El Gobierno deja en manos de la Fiscalía decidir si se trata de razones humanitarias o no. No constituirá delito si la ayuda responde a razones humanitarias. No obstante, dependerá de los fiscales determinar si la ayuda era humanitaria o no. Las organizaciones sociales ya han mostrado su rechazo a esta reforma e incluso llaman a la "insumisión" del texto.
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