Aunque reducen costes y permiten a las instituciones dejar de depender de la industria informática, los programas abiertos son minoritarios en el sector público.Hay, sin embargo, ejemplos de que la Administración empieza a dar tímidos pasos en este sentido. Según una encuesta de Cenatic, cerca del 90% de los organismos públicos españoles tiene instalado algún tipo de programa no propietario, sea en los ordenadores o en el sistema de servidores. Son pocos, en cambio, quienes basan sus sistemas en software libre.
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