Según el reglamento a cuyas directrices ha tenido acceso El País, se prohíbe a los ISP "bloquear", "ralentizar" o "discriminar" el tráfico de Internet, pero tiene varias excepciones: Cumplir con una orden judicial, Garantizar la integridad y seguridad de la red o Impedir la congestión de sus redes. Este último punto es el más controvertido porque puede servir de excusa a los ISP para discriminar el tráfico según sus intereses comerciales.
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