Esta es la cantidad que la acusación de Mare Shipping -la empresa propietaria registrada en Liberia- reclama al Estado español por considerarlo responsable del hundimiento del petrolero, causado por una serie de «medidas negligentes». Se trata de una paradoja más del caso Prestige. La Justicia griega fue incapaz de embargar los bienes del armador para satisfacer una fianza de 87 millones -vendió toda su flota y cambió su domicilio en Atenas-, el propietario no ha dado la cara en más de diez años de proceso judicial.
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