El gobierno argentino presentó un informe con "probanzas irrefutables sobre la apropiación ilegal" de la empresa Papel Prensa durante la dictadura militar mediante delitos de lesa humanidad con participación de empresarios dueños de diarios locales. La viuda de David Graiver, dueño de la empresa, fue forzada a vender sus acciones por la dictadura que la secuestró, torturó y violó en un campo clandestino de detención.
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