De acuerdo con la ley de migraciones, basada en el paradigma de que la decisión a migrar es un derecho humano, a los extranjeros indocumentados no se los puede expulsar sin más, sino que se los debe invitar a regularizar su situación -tal como lo dispuso la Justicia en primera instancia- y, sólo si no lo hicieran en un plazo razonable, proceder a la reconducción a su país de origen.
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