La Corte Suprema de Argentina declaró ayer inconstitucional la llamada ley espía, por la que se obligaba a las empresas a intervenir y guardar durante 10 años todas las comunicaciones telefónicas y por Internet, a fin de ponerlas a disposición del poder judicial o de la fiscalía en la investigación de cualquier delito. Lo que implicaba que el Gobierno argentino podía tener acceso a cualquier tipo de comunicación privada telefónica o electrónica.
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