El Congreso de los Diputados aprobó ayer, definitivamente, la nueva Ley de Montes con la que se deja vía libre a las comunidades autónomas para la recalificación de suelo que haya sufrido incendios sin que tengan que pasar los 30 años marcados como plazo en la anterior ley de 2003 si hay motivos de interés público –a partir de una enmienda presentada por el Partido Popular y que contó con el apoyo de UPyD y UPN– y quita competencias a los agentes forestales a la hora de denunciar delitos ambientales.
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