La principal fuente de relaciones entre el Estado español y la Iglesia católica es el concordato firmado el 3 de enero de 1979 entre ésta y el Gobierno español, elegido antes de aprobarse la Constitución. Dicho acuerdo, que según muchos especialistas es inconstitucional, establece el compromiso por parte de la Conferencia Episcopal Española de buscar formas de autofinanciación, lo cual nunca se intentó en serio.
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