Se estima que en el mundo hay 12 millones de apátridas, ningún estado les reconoce como ciudadanos y ciudadanas. Junto a refugiados y desplazados son uno de los grupos más vulnerables, lo que implica, en algunos casos, un acceso mínimo a la protección legal o derechos básicos como la salud. Por su parte, en España, las personas sin nacionalidad reconocidas tienen derecho a residir en el país y a desarrollar actividades laborales, profesionales y mercantiles "de conformidad con lo dispuesto en la normativa de extranjería".
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