El magistrado instructor de la operación Taula, Víctor Gómez Saval, ya tiene sobre su mesa la denuncia del fiscal Anticorrupción, Pablo Ponce, contra los administradores generales únicos del PP de Valencia como representantes del partido en las tres últimas campañas electorales municipales, y contra la cajera del PP de Valencia, Mari Carmen García-Fuster, como presunta cooperadora necesaria de un delito electoral cometido a lo largo de las tres últimas campañas electorales de las municipales.
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