El 22 de marzo de 2013 la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció que se ejecutaría la sentencia del Tribunal Supremo que supone reordenar el mapa de la televisión en España. Han pasado ya más de doce meses y ese anuncio sigue sin cumplirse. ¿Por qué? ¿Miedo a los grupos de comunicación, que remarcan que se trata de un fallo administrativo, recuerdan sus inversiones y amenazan con denuncias? ¿Intento de contentar a las televisiones con algún acuerdo? Solo en el Ejecutivo lo saben.
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