El Gobierno de Griñán vende fincas expropiadas hace más de dos décadas. La falta de demanda pone en entredicho el objetivo de ingresar 75 millones. La reforma agraria fue una bandera de movimientos sociales y políticos en los primeros años de democracia que apenas cuajó y, solo de forma parcial, en Andalucía y Extremadura. La Junta andaluza inició en 1985 las expropiaciones de fincas para su uso público. La crisis económica precipita ahora el camino de vuelta a la propiedad privada.
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