Ante la sentencia del TSJ de Andalucía en la que obliga abonar los haberes no percibidos durante los diez años del proceso, una cantidad aproximada de 200 000 euros, pone de manifiesto su total desacuerdo ante la contradicción que supone que el Obispado de Almería no proponga a la catequista y que ahora sea el Estado, es decir toda la ciudadanía quien haya de hacer frente al pago de estos salarios. La iglesia católica, la responsable de vulnerar los derechos fundamentales de esta persona, debe ser ella quien afronte los pagos.
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