La Junta de Andalucía no sólo pagó prejubilaciones a «intrusos» colándolos en expedientes de regulación de empleo (ERE) de empresas con las que no tenían ninguna relación. Puesta a rizar el rizo, la Consejería de Empleo también garantizó un cómodo retiro laboral a costa de los fondos públicos a falsos trabajadores sin necesidad de incluirlos como «polizones» en planes de regulación de empleo junto a otros trabajadores que realmente sí fueron despedidos. En vez de vincularlos a un ERE, los pagos de prejubilaciones se ordenaban mediante «post-it»
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