El cobro de cuotas a las familias de alumnos de los colegios concertados es una práctica generalizada en toda España. Estos centros reciben fondos públicos para impartir sus enseñanzas, pero la ley les abre una puerta para que puedan recaudar aportaciones privadas por actividades extraescolares, complementarias y algunos servicios, que han de ofrecerse con carácter voluntario
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