El decreto dice que todos los funcionarios que “presten sus servicios en instituciones sanitarias públicas”, lo que incluye entre otros a médicos y enfermeros, deberán ser integrados “como personal estatutario fijo” antes del 31 de diciembre de este año. Y añade: a aquellos que se nieguen a perder su condición de funcionarios, “las comunidades autónomas los adscribirán a órganos administrativos que no pertenezcan a las instituciones sanitarias públicas”. En otras palabras, los que no quieran perder sus derechos adquiridos durante décadas...
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