Son ya más de 200 compañeros y compañeras los que sufren penas de prisión simplemente por ejercer las normales funciones públicas que implica ser elegido en nuestra democracia: el justo enriquecimiento por la labor prestada, el apoyo mutuo manifiesto en el favor a conocidos y familiares y el uso de la información pública para beneficiar a nuestros mejores ciudadanos y el crecimiento económico. Cerca de otros 800 compañeros más sufren la persecución injustificada de jueces y fiscales.
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