La no asistencia sanitaria a inmigrantes sin papeles es una medida “regresiva y discriminatoria” que está “prohibida por el derecho y los estándares internacionales de derechos humanos”. Esta es una de las conclusiones de un informe que Amnistía Internacional (AI) ha presentado sobre la aplicación del Real Decreto-Ley 16/2012 que deja sin asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles que no coticen a la Seguridad Social.
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