La situación de los afectados por las preferentes de las entidades nacionalizadas no deja de complicarse. Ahora que parecía que el problema estaba encauzado con los arbitrajes, aparece un nuevo elemento distorsionador: la posible prescripción de las reclamaciones judiciales. Una sentencia de Barcelona ha dado la razón a CatalunyaBanc alegando que han transcurrido más de cuatro años desde que el cliente compró las preferentes, argumento que puede ser utilizado por otros tribunales.
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