La acusa de traicionar los 'fines originarios' de la Fundación y de 'extralimitarse en sus funciones' atribuyéndose el papel de representación de todas las víctimas. Los de Alacaraz son el sector más duro, cargando directamente contra el Gobierno del PP por considerar que su política antiterrorista es "heredera" de la del ejecutivo socialista Zapatero,
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