Cada sentencia de derribo, y pesan cerca de 3.000 sobre los ayuntamientos gallegos, obliga a los gobiernos locales no solo a afrontar el gasto de la demolición de la obra declarada ilegal, sino también lo de indemnización a los vecinos afectados. Y el problema es que la mayor parte de los municipios carecen de presupuesto suficiente para hacer frente al gasto, con el que se embarcan en un vía crucis de apelaciones y aplazamientos con desigual fortuna para el erario público de cada Administración local. -
Traducción en #1 
