La permuta de los terrenos del cuartel de la Guardia Civil de Puente Genil y la construcción de una nueva instalación ha acabado en un proceso penal. Desde ayer pesa una acusación contra el alcalde Manuel Baena, José Alberto Gómez (teniente de alcalde) y los concejales Francisco Esojo, Francisco José Barrios y Andrés Pérez Baena (PSOE); José Luis Borrego (PA); María Asunción Gallego, Juan Perales y José María Campos (IU), y Francisco Velasco (PP), por un delito contra la ordenación del territorio
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