4,6 millones de euros. Esta es la cantidad que Alberto Cortina y Alberto Alcocer reclaman al Estado por los "daños injustos" que afirman haber sufrido por el caso Urbanor. Absueltos gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional que estimó prescritos los delitos, pero que no cuestionó que los Albertos cometieran una estafa, ambos empresarios pretenden ahora que el Estado les indemnice invocando perjuicios económicos y morales de un supuesto funcionamiento anormal de la Justicia.
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