Se trata de personas frudulentamete acogidas a Expedientes de Regulación de Empleo amparados por la Junta de Andalucía. La juez Mercedes Alaya ha concedido a 16 de los imputados por la presunta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en expedientes de regulación de empleo (ERE) incentivados con fondos autonómicos, un plazo de diez días, para que "designen los bienes de su propiedad en los que se pidan que se trabe embargo" por las cuantías insatisfechas de las fianzas que previamente les fueron impuestas.
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