Según la Unión de Guardias Civiles, la investigación comenzó cuando una administradora de una empresa en La Palma denunció un delito societario que propició desvelar la existencia de otros delitos relacionados con el urbanismo. En las testificales se implica a varios mandos. Ante el gran número de irregularidades detectadas por los agentes del Seprona y relacionadas con un empresario concreto, éstos recibieron "recomendaciones" para que no se realizase la inspección, "Todos sabemos que una recomendación en la Guardia Civil es una orden"
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