La demora en la decisión de solicitar el rescate por parte del Gobierno podría conllevar el colapso de las finanzas públicas y dejar secas las arcas del Estado. Con un déficit galopante y unos vencimientos de más de 40.000 millones de aquí a finales de año, las tensiones de tesorería llevarán a la administración a volver masivamente a los impagos generalizados.
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