Las administraciones públicas tienen 10.270 contratos de electricidad que han perdido el derecho a la Tarifa de Último Recurso (TUR) y que, sin embargo, siguen siendo suministrados a tarifa porque no han encontrado comercializadora en el mercado libre. Estos contratos, 533 de ellos en alta tensión y otros 9.737 en baja tensión, no solo sufren las penalizaciones disuasorias del 20% contempladas para estos casos, sino que además se encuentran sometidos desde el 1 de enero a una completa incertidumbre y podrían incluso interrumpirse...
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