La administración pública española ha aumentado sus plazos de pago de las facturas a proveedores hasta los 160 días en 2012, un 4,5% más respecto al mismo periodo de 2011, con lo que supera en 95 días a la media europea, fijada en 65 días, según informa Intrum Justitia en un comunicado. El director general de Intrum Justitia, Luis Salvaterra, explicó que "estas cifras muestran la falta de eficacia de la Ley de Morosidad, ya que los plazos de pago de administraciones públicas y empresas en España no disminuido.
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