El retraso en los pagos a las empresas ha sido, junto al recorte de la financiación por parte de la banca, la principal causa de que cientos de miles de empresas hayan tenido que cerrar desde que estalló la crisis. Lejos de dar muestras de mejora en línea con los brotes verdes que se registran en otros ámbitos de la economía, esta morosidad no deja de empeorar. El plazo medio de pago que los diferentes niveles de la Administración pactan con sus proveedores es de 99 días, pero el plazo real ha trepado hasta los 154.
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