Toda la información en manos de la Administración debe ser accesible para los ciudadanos. Este principio general, sin embargo, se topa en la práctica diaria con obstáculos reales y, en muchas ocasiones, insalvables para conocer lo que las administraciones hacen con el dinero público y cómo se han tomado decisiones que afectan al conjunto de la población. La razón de esta disfunción es que el derecho de acceso a la información pública -un elemento imprescindible par participar en la vida política-, está regulado de forma precaria en España.
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