Un fallo en este sistema de depuración de gases implica el gasto de 1.200 euros. Ante esta tesitura, la OCU ha agrupado las quejas de muchos usuarios para denunciar ante la Dirección General de Consumo de Madrid y ante las autoridades europeas lo que consideran una «infracción de los derechos de los consumidores», solicitando la pertinente sanción. El grupo automovilístico PSAG (que agrupa las marcas Citroën, Peugeot, DS y Opel) sigue sin admitir este problema como un fallo de fábrica
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