La asociación Latinoamericana de Derechos Humanos denunció que el presidente colombiano Álvaro Uribe "premió con privilegios a paramilitares durante tres años". Según ALDHU los comandantes antiguerrilleros estuvieron retenidos en condiciones de lujo y confort en el departamento de San José del Ralito, desde donde se dispusieron ejecución de masacres, tráfico de drogas y crímenes por encargo.
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