El fiscal ha pedido distintas penas para un total de veinte personas a las que acusa de haber defraudado casi cinco millones de euros a la Unión Europea con el tráfico ilícito de las 2.500 toneladas de azúcar que consiguieron dentro del cupo del Régimen de Perfeccionamiento Activo. Según este Régimen, el azúcar es introducido en la UE procedente de terceros países sin pagar los aranceles correspondientes, con la condición de que debe ser utilizado para la elaboración de productos que posteriormente son exportados a naciones extracomunitarias..
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