Uruguay se convirtió esta semana en uno de los pocos países latinoamericanos que penalizan el acoso sexual en el ámbito laboral y educativo, público o privado. El proyecto, aprobado de manera definitiva el martes 18 en el parlamento luego de dos años de haber sido presentado, identifica bajo esa figura "todo comportamiento de naturaleza sexual, realizado por persona de igual o distinto sexo, no deseado por la persona a que va dirigido y cuyo rechazo le produzca o amenace a producirle un perjuicio en su situación laboral o de relación docente".
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