El letrado, Juan Palacio, encargado de la defensa del imputado Antonio Fando (gerente de la concesionaria de aguas de La Muela), pide la nulidad de las intervenciones telefónicas y arremete duramente contra él, por la forma en que está dirigiendo el caso. De hecho, llega a decir que la Policía y el magistrado podrían haber permitido la comisión de un delito. El recurso, por poco habitual, ha sorprendido al resto de las partes. El juez y la Policía sabían que se iba a cometer un presunto fraude, "pero ninguno intervino".
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