La Abogacía del Estado ha confirmado este viernes las informaciones sobre su intención de discrepar de la acusación presentada por la Fiscalía y ha presentado ante el Tribunal Supremo un escrito de conclusiones provisionales por delitos de sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia grave. Las penas solicitadas para los 18 acusados oscilan entre los 12 años de prisión y la multa. Aprecia el uso de una fuerza tumultuaria -agitación social, dice en varios puntos- pero no de la violencia necesaria para el tipo de rebelión.
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