Los empresarios catalanes no suelen denunciar públicamente los centenares de imposiciones lingüísticas que fuerzan el castellano. Eso sí, no suelen incumplirlas y, si lo hacen, la respuesta es radical: retirada del producto en cuestión o de la licencia para actuar. Los controles son mucho más severos y raramente se puede actuar en contra de la ley. [traducción en el segundo comentario]
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