Este cambio convertiría en ilegal el 90 por ciento de los abortos practicados el año pasado en Valladolid. Es decir, los 794 que se practicaron «a petición de la mujer» y los 44 que se realizaron por «riesgo de graves anomalías en el feto». Solo serían legales los 37 que se practicaron por «grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada» y los tres por «anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable», según los datos del Ministerio.
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