El Instituto Nóos, presidido por Iñaki Urdangarín fijaba unos precios “totalmente desproporcionados por los servicios que prestaba para la administración pública”. Tras recibir los fondos, según la investigación judicial, “el Instituto Nóos simulaba la contratación de servicios ficticios a entidades mercantiles o presumiblemente facturados por importe superior al servicio realmente prestado”. En viajes, alojamiento y hospitalidad para unas 100 personas, el presupuesto alcanzaba 240.000 euros de los que 85.000 eran para los desplazamientos...
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